Es de preguntarse qué pensaría el fallecido politólogo Samuel P. Huntington sobre lo que está pasando en el Medio Oriente. Él escribió varias obras que cobran relevancia en relación a los acontecimientos actuales. De sus muchos libros, el que ha recibido más atención en los últimos años es ‘The Clash of Civilizations’ (1997), que, en la medida que existe el riesgo de que estos países sean capturados por el fundamentalismo, ciertamente tiene que ver con lo que está pasando. No obstante, frente a estos acontecimientos también son relevantes “Political Order in Changing Societies” (1968) y “The Third Wave of Democratization” (1991). Lo interesante, es que la relevancia de estas obras vis-a-vis los acontecimientos actuales es contradictoria. Como los que protestan en el medio oriente aparentemente buscan la democratización y el respeto a los DDHH, conceptos pertenecientes al ámbito de la democracia liberal, que según Huntington 1997 no tiene cabida en las sociedades del medio oriente, los acontecimientos actuales parecen refutar a este Huntington de 1997. Por otro lado, estos mismos acontecimientos parecen apoyar lo escrito en Huntington 1968 sobre la tendencia a la democratización causada por ciertos fenómenos que van de la mano con el desarrollo económico, fenómenos como la urbanización y el aumento del nivel educativo. Así, los acontecimientos actuales parecen validar a Huntington 1968 y refutar a Huntington 1997. Pero….si los extremistas toman el poder, pudiera ser que Huntington 1997 se validase.

Lo que está en marcha en el Medio Oriente también tiene que ver con lo escrito por Francis Fukuyama en “El Fin de la historia y el último hombre”. La tesis de este libro es que no hay alternativa en el mundo actual a la democracia liberal, que los pueblos – independientemente de su cultura – tienen, todos, una aspiración por la dignidad, y que nada satisface esa aspiración como el ideal de la democracia liberal. Por lo tanto, todos los pueblos aspiran a vivir en este orden político, y de ahí su supuesta ‘inevitabilidad’. Yo no necesariamente compro la parte de la ‘inevitabilidad’ – pero nuevamente, el hecho que los jóvenes que protestan lo hagan pidiendo una democratización que durante décadas se ha dicho es ajena a su cultura y a su religión, tiende a apoyar el resto del argumento de Fukuyama.

De cualquier forma, es muy temprano para hacer juicios, pues no sabemos lo que pasará. De lo que sí estoy seguro es que estamos viendo a la historia hacerse frente a nuestros ojos. Dependiendo del nivel de organización relativo de los distintos grupos sociales enfrentados, esto pudiera salir muy bien o muy mal. Pudiera convertirse en una ‘cuarta ola’ de democratización (que continuase a la ‘tercera ola’ descrita por el mismo Huntington en 1991), o pudiese convertirse en el núcleo para la formación de una teocracia pan-regional. Nuevamente, Huntington 1968 (o 1991) contra Huntington 1997. Dependiendo de cuál de los Huntington gane, el mundo cambiará en una u otra dirección.

Por el momento, pareciera que la tendencia mayoritaria de la gente es en la dirección de la democratización, y esto ciertamente parece apoyar la tesis de Fukuyama. Las fuerzas de la globalización, entre ellas la disponibilidad de tecnologías que ponen al alcance de cualquier persona lo que está ocurriendo en cualquier parte del mundo, parece haber causado un quiebre generacional, una aspiración compartida independientemente del bagaje cultural, tendiente a la democratización y al respeto a los derechos humanos.
Sin embargo, la gran duda actual es sobre el nivel de organización relativo de los diferentes grupos sociales. Los grupos de tendencia teocrática están muy bien organizados por el simple hecho de que su organización ha nacido de la misma organización religiosa, porque tienen décadas en formación, y porque tienen el apoyo de grupos más radicalizados a nivel regional, grupos que tienen know how y capacidad de movilización. Por eso, aunque creo que esos grupos no son mayoritarios, sí hay un riesgo de que gracias a su mejor organización logren tomar el poder. Nos engañaríamos si pensáramos que una minoría bien organizada no puede tomar el poder a pesar de no tener el apoyo de la mayoría. Siguiendo a Mancur Olson (La Lógica de la Acción Colectiva), tenemos que admitir que grupos pequeños bien organizados pueden tener una ventaja sobre grupos más grandes pero peor organizados.

Es más, creo que es razonable suponer que si no fuese gracias a las nuevas herramientas de redes sociales como Facebook y Twitter, la protesta hubiese sido imposible o por lo menos mucho más difícil – las mayorías no hubiesen podido resolver el problema de la acción colectiva, a pesar de su desagrado por el orden político existente. La Internet ha sido sin duda un protagonista al facilitar la organización de la protesta, pero la capacidad de este medio también tiene límites. Por eso pienso que el nombre del juego ahora es la organización de las fuerzas democráticas. Eso debe estar ocurriendo en este mismo momento, lejos de nuestra vista, de manera seguramente caótica. Del éxito de estos esfuerzos podría depender el futuro de la región como un todo.

El marxismo es sin duda una religión. Como toda forma inferior de la vida religiosa, ha sido continuamente usada, para usar la adecuada frase del mismo Marx, como un opio de los pueblos

 Simone Weil – Citada por Raymond Aron en “El Opio de los Intelectuales”

El reciente hallazgo de decenas de miles de toneladas de alimentos importados por PDVAL en estado de descomposición ha generado una reacción típica dentro del chavismo: Se ha culpado al responsable de PDVAL de ser un ‘enemigo del proceso’, un ‘infiltrado’, una ‘ficha de la derecha’.

 Estas reacciones son completamente previsibles, dada la creencia, muy extendida en el chavismo, de lo que podríamos llamar ‘el mito del enemigo interno’. Según los chavistas, todo lo malo que ocurre en ‘el proceso’ es producto de la derecha endógena, de los enemigos internos, de los infiltrados de la oposición. De manera consistente con el maniqueísmo propio de los movimientos caudillistas, el chavista piensa que todo lo bueno proviene de la revolución, y que todo lo malo, por definición, es contrario a la revolución y por lo tanto no puede nacer de la revolución.

 Estas reacciones traen a la memoria a “El Opio de los Intelectuales”, aquella polémica que en 1955 publicó el gran intelectual francés Raymond Aron y en la que desnudó los mitos que sostenían la creencia que muchos intelectuales supuestamente humanistas tenían en el comunismo, a pesar de la abrumadora evidencia de su carácter tiránico y criminal. En este sentido, y siendo el chavismo un heredero – si no el principal heredero – del pensamiento socialista en el siglo XXI, no sorprenden las similitudes entre las creencias socialistas de mediados del siglo XX y las creencias chavistas de hoy.

El mito del enemigo interno es un recurso propagandístico muy conveniente, pues ofrece a una explicación que es al mismo tiempo psicológicamente tranquilizadora y universalmente aplicable a cualquier realidad que ponga en tela de juicio la eficacia, la justicia, o cualquiera de las supuestas bondades de la revolución. Al aceptar el mito del enemigo interno como parte integral de su credo revolucionario, el chavista no tiene que esforzarse para entender las razones por las cuales medidas supuestamente preñadas de nobles objetivos terminan teniendo resultados desastrosos. En consecuencia, puede decirse que el mito del enemigo interno es por un lado la renuncia al análisis y la autocrítica, y por otro la vía segura para calmar la conciencia revolucionaria. Junto con la creencia en la inevitabilidad histórica de la revolución, en el colapso imparable del capitalismo, el mito del enemigo interno es el mecanismo ideal para hacer a la ideología revolucionaria refractaria a los hechos, y por tanto para mantener la cohesión de los fieles. Estas creencias complementarias – la de la inevitabilidad histórica de la revolución y la del enemigo interno – son, parafraseando a Marx y a Aron, el opio de los revolucionarios.

Si no existiera el mito del enemigo interno, al chavista no le quedaría otra opción que pensar, seriamente, por qué medidas supuestamente progresistas terminan teniendo un impacto generalmente contrario al buscado. En ese caso, ninguna de las respuestas viables le resultaría agradable. Si se niega la existencia del infiltrado, un fracaso notorio sólo puede deberse a la incompetencia o a la corrupción. Y lo que es peor, se debería aceptar que la incompetencia y la corrupción pueden existir dentro de la revolución o incluso – horror de horrores – que pueden causadas por la revolución, es decir, que pueden ser consecuencia inevitable de las prácticas “revolucionarias”.

Desde luego, esta última opción es en realidad la causa de los malos resultados de la revolución. Cuando se pierden decenas de miles de toneladas de alimentos, cuando se paralizan todas las turbinas de una central termoeléctrica, cuando se encuentran enormes corruptelas, no es por la existencia de ningún ‘enemigo interno’ – es simplemente porque el gobierno le asigna un poder y una discrecionalidad extraordinaria a infinidad de funcionarios medios que operan sin ningún control. En esas condiciones, la corrupción será generalizada a no ser que la administración pública esté poblada por santos.

El razonamiento del párrafo anterior es sin duda ajeno al buen revolucionario. Por lo tanto, frente a hechos incómodos, frente a evidencias condenatorias, de él no cabe esperar rectificaciones, sino, por el contrario, un mayor celo revolucionario. El opio de los revolucionarios es infalible: No sólo extingue la autocrítica y acalla las conciencias, sino que reafirma la fe del creyente, aviva y renueva su voluntad de lucha. Si la fe en la llegada inexorable de la revolución es la Dulcinea del Quijote Revolucionario, que lo anima a la larga y amarga lucha, el mito del enemigo interno son los molinos de viento que una y otra vez embiste, contra los que una y otra vez se golpea sin que ello lo haga despertar de su alucinación.

A pesar de todo el rechazo que en la oposición engendra el autoritarismo de Chávez, hay relativamente poca discusión sobre sus causas. Implícitamente se asume que este autoritarismo se debe únicamente a la personalidad de Chávez – esencialmente, que es tan sólo una consecuencia de su exagerada sed de poder. Poco se discute si tiene otras causas – causas que puedan ser estructurales y estar relacionadas a nuestro modelo político o económico. En resumen, no se discute si la deriva autoritaria del gobierno pueda estar asociada a los objetivos y las responsabilidades que el gobierno ha asumido, con el consentimiento de buena parte de la población.

Esto es significativo porque si bien muchos han objetado el autoritarismo del gobierno, muy pocos han objetado a fondo los objetivos y responsabilidades que ha asumido – en buena medida porque son los mismos que los gobiernos pasados asumían, y porque esos objetivos y responsabilidades son vistos por la mayoría de la población como pertenecientes a la esfera de actividades propiamente gubernamentales. Del estado creemos que su responsabilidad es “crear la mayor suma de felicidad posible”, es decir, creemos que su deber es hacernos felices. Por tanto le exigimos, esencialmente, que resuelva todos los problemas de la sociedad: No sólo que nos ayude a defender nuestras vidas y propiedades, sino que nos dé educación, que nos cure de nuestras enfermedades, que nos provea de viviendas, y que logre la ‘justicia’ – no en el sentido tradicional de castigar a quien viole los derechos ajenos, sino en el sentido de lograr una ‘justa’ distribución de la riqueza, es decir, de velar porque cada quien reciba lo que ‘merece’.

Esta visión revela una gran falta de entendimiento de cómo funciona una sociedad libre. En una sociedad libre el poder (el estado) no puede ser responsable de la felicidad de los individuos. Por el contrario, la única responsabilidad del estado en relación a la felicidad de los individuos es facilitar ciertas condiciones que les permitan a esos individuos buscar su propia felicidad – esencialmente, garantizarles su vida, su libertad y el disfrute de su propiedad, así como proveer ciertos bienes que no son producidos por el mercado. Más allá de eso, en una sociedad libre la felicidad es un asunto estrictamente individual, y si bien todos tienen derecho a buscar la felicidad a su propio modo, nadie tiene garantizado que la encontrará. En este sentido, es significativo que la declaración de independencia del país más libre que haya existido en la historia, los EEUU, diga que entre los derechos inalienables del hombre se encuentran la “vida, libertad, y la búsqueda de la felicidad”, pero no la “vida, libertad y felicidad”.

No entender que la búsqueda de la felicidad es una responsabilidad individual frente a la cual el gobierno tiene esencialmente la única responsabilidad de impedir que otros violen tus derechos tiene consecuencias de gran alcance. Por ello no entendemos que una sociedad libre es una nomocracia (un imperio de normas) en donde todos tienen derecho de hacer lo que quieran siempre que no roben, defrauden o lesionen a otros. Por ello tampoco entendemos que en una sociedad libre todo el mundo puede ganar tanto dinero como se lo permitan sus clientes, dependiendo del valor para esos clientes de los bienes y/o servicios que producen, porque en esa sociedad nadie, ni siquiera un gobierno actuando en nombre de la ‘mayoría’ tiene autoridad alguna para decidir cuánto debe ganar cada quien.

Como pensamos que la felicidad debe ser creada por el poder del estado, pensamos que ese poder debe establecer el lugar de cada quien en la sociedad. En particular, pensamos que quien detenta el poder debe definir cuánto debe ganar cada quien con base en el mérito de esa persona. Por lo tanto nos parece natural que el estado regule precios y salarios, impida la entrada de competidores al mercado, expropie (es decir, robe) de manera más o menos arbitraria, y en general viole una serie de derechos que en las sociedades libres son vistos como inalienables. No nos pasa por la cabeza que la sola idea que alguien pueda definir cuanto debe ganar cada quien en la sociedad es una imposibilidad, pues nadie, ni los gobernantes, tienen método objetivo alguno para determinar cuál es la ‘justa’ división de la riqueza. Tampoco nos imaginamos que esta visión de la responsabilidad del gobierno pueda haber sido una de las causas de la degradación del sistema puntofijista, del ascenso de Chávez al poder, y que continúe siendo una de las causas de su deriva autoritaria.

La realidad es que un gobierno que tenga el poder suficiente para cumplir responsabilidades tan amplias como las arriba enumeradas, necesariamente tiene poder suficiente para esclavizarnos. En ciertas ocasiones, factores culturales e institucionales pueden impedir que el estado use ese poder de manera exageradamente abusiva. En el puntofijismo, si bien existieron abusos, los mismos se vieron parcialmente limitados por la competencia entre diferentes partidos políticos dentro de un ambiente de respeto a ciertas instituciones democráticas básicas. Pero la invasión paulatina por parte del estado puntofijista de ámbitos de acción que en una sociedad libre corresponden a los ciudadanos, incluyendo la reserva de amplios sectores de la economía para el estado, el establecimiento de barreras arbitrarias a la competencia, incluyendo controles de precios y salarios, acompañados por un continuo discurso de demonización del sector privado, convencieron a muchos que la solución a nuestros problemas no era un estado que garantizara el cumplimiento de normas justas e iguales para todos, sino que era un hombre fuerte que ‘metiese en cintura’ a todo el mundo – que lograse que todo el mundo recibiese lo que merece. Esa dinámica no sólo ayudó a Chávez a llegar al poder, sino que una vez en el poder, le permitió violar el estado de derecho de manera cada vez más escandalosa, con el aplauso de buena parte del país.

Si bien es enervante que existan en el chavismo muchas personas para quienes las violaciones de los derechos ajenos no tienen ninguna importancia, y que de hecho parecen no reconocer ni siquiera la existencia de derecho alguno que no sea el derecho del presidente a mandar, también resulta preocupante que dentro de la oposición, si bien hay una mayor conciencia de la importancia de los derechos individuales, no haya una clara conciencia de la relación entre las violaciones a esos derechos y el papel sobredimensionado del estado. Pareciera que por lo menos buena parte de la oposición quiere el poder no para limitarlo y hacerlo servir fines más modestos, sino para otorgar  a personas supuestamente más honestas y capacitadas que los actuales gobernantes poderes igual de ilimitados que los que hoy tiene el gobierno. Si esto llega a ocurrir, la libertad seguiría igual de amenazada, y sería una tragedia tan grande como la del actual gobierno chavista. Cualquier agenda que aspire a revertir el autoritarismo que Chávez ha inyectado en el país necesariamente tiene que pasar por delimitar claramente los objetivos, responsabilidades y atribuciones del estado.
Me pregunto si en algún momento tuvimos conciencia de que una sociedad sólo puede ser libre si todos, incluyendo al estado, se rigen únicamente por normas de justa conducta – normas como no robar, no matar, no mentir, que por algo son comunes a todas las grandes religiones del mundo, y si el estado deja a los individuos la búsqueda de su propia felicidad. Si alguna parte de nuestra sociedad entendía esto cuando comenzó nuestra democracia, es claro que décadas de prédica gubernamental de ‘justicia social’ destruyeron esos valores que son indispensables para el mantenimiento de una sociedad libre.

Sin embargo creo que lo más probable es que nunca hayamos tenido un verdadero concepto de lo que deben ser los papeles de los individuos y del estado (en ese orden) en una sociedad libre. Siempre, desde la colonia, fuimos una sociedad acostumbrada a un poder ejercido de manera arbitraria. Y en nuestras luchas políticas las facciones en pugna siempre han buscado, no limitar ese poder para hacerlo servirnos a todos, sino capturarlo para usarlo para su propio beneficio, perjudicando a los demás.

En el fondo somos como niños que esperan que su papá le dé a cada uno un juguete mejor que el del hermanito. No nos comportamos como adultos responsables: Como no confiamos en nuestras propias capacidades para labrarnos nuestro destino, delegamos esa responsabilidad en el poder, y esperamos que ese poder nos trate a nosotros mejor que al vecino. El resultado es una destrucción de los valores necesarios para que una sociedad progrese: En lugar de aspiraciones nos mueve la envidia y en lugar del trabajo, la queja. Por ello, sólo enfrentando seriamente las causas institucionales de la erosión de nuestros valores podremos aspirar a convertirnos en una sociedad próspera y libre.

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No es la primera vez que escribimos sobre la muerte del Derecho como instrumento de regulación de la vida en sociedad, de los ciudadanos entre sí y de estos con el estado-gobierno. El país está indefenso y la gente sometida a normas dictadas por el capricho, los complejos, la intolerancia ideologizada, el cohecho, la corrupción y muchos vicios más de unos poderes públicos dirigidos por un Presidente incapaz de controlar sus impulsos más primitivos. Se acabó el sagrado principio de la legalidad.

Fui citado a la Fiscalía 21 del Ministerio Publico por una comisión de la anterior Disip (¿?) que se presentó en mi casa, de noche, a entregarme una boleta fijando sitio y hora del Acto de Imputación en mi contra, sin mencionar él o los delitos. Por la prensa había tenido noticias de que dos diputados chavistas de la Asamblea, miembros de la Comisión de Ciencia y Tecnología, válgame Dios, solicitaron esta actuación y fueron debidamente complacidos. Leyendo el expediente sentí pena ajena. Se trata de la tarea que Chávez públicamente encomendó a los poderes públicos para reducir los medios independientes por la vía del terror, criminalizar penalmente a la disidencia política y ahogar, hasta hacerlas desaparecer, las noticias y denuncias contrarias al régimen o que afecten su imprecisa conducta. En este caso se trata del Auto de Procedimiento dictado por el juez Eloy Velasco de la Audiencia Nacional de España. Trata de la relación ETA-FARC y eventual colaboración del gobierno venezolano por actuaciones en nuestro territorio. Reuniones, cursos, planes, etc.

Todo debidamente soportado con indicios plurales y concurrentes, documentales y testimoniales, que dieron lugar a la investigación. Me referí a todo esto, incluido el tema del narcotráfico y lo relativo a los derechos humanos, en el programa Alò Ciudadano. En la Fiscalía ratifiqué mi intervención explicando sus alcances y objetivos.

Según boletín de prensa de la Fiscalía, el delito sería por instigación al odio contenido en el artículo 285 del Código Penal. Pero allá me enteré de que la Fiscal me imputaba también, en forma bastante genérica e imprecisa, por el artículo 132 que habla desde traición a la patria hasta conspiración y otras conductas inmoralmente adjetivadas por los diputados chavistas, con pena de 8 a 16 años y además por el artículo 296-A, referido a la generación de “zozobra e inquietud”, malestar, etc., en la población. La defensa consignó un extenso escrito con relación específica al primer caso.

Con lo demás anunciamos próximas diligencias y promovimos algunas actuaciones que en Derecho y justicia servirían para desmontar toda la maniobra. Ya veremos. Terrorismo, narcotráfico y violación de derechos humanos son delitos pluriofensivos sometidos a la jurisdicción internacional. Los procesos ya están en marcha. El gobierno venezolano es protagonista de las noticias. Estoy sometido a acoso, vigilancia y seguimiento policial.

oalvarezpaz@gmail.com Lunes, 22 de marzo de 2010

…a menudo la ley es apenas la voluntad del tirano; este siempre es el caso cuando dicha ley viola los derechos de un individuo

Thomas Jefferson – Carta a Isaac H. Tiffany (1819)

La ley es cualquier cosa que yo escriba en un pedazo de papel

Saddam Hussein

La ley al servicio de la tiranía

Los recientes llamados de Hugo Chávez y sus adláteres a ‘regular’ la internet resaltan nuevamente uno de los aspectos más repugnantes del proceso de degradación institucional que conocemos con el nombre de chavismo: la completa perversión del carácter y los fines de la ley. Cuando el estado usa la ley para justificar expropiaciones arbitrarias, para cerrar medios de comunicación, para intimidar y perseguir a disidentes, y para ahogar la libre discusión en foros de internet, el estado hace que la ley sirva propósitos contrarios a su naturaleza de garante de los derechos de los individuos. Y al pervertirse de esta forma, la ley deja de ser el instrumento que regula las relaciones entre personas libres, y se convierte en un instrumento al servicio de la tiranía.

Esta perversión de la ley es común e incluso necesaria en regímenes que persiguen la ‘redención’ total, y por tanto el control total, de la sociedad. Para los regímenes totalitarios – y si el régimen venezolano aún no es totalitario, cada vez le falta menos para llegar a ese punto – la función de la ley es garantizar su propia supervivencia, no defender los derechos de los individuos. Pocos han expresado este objetivo con mayor claridad que Fidel Castro, quien en sus “Palabras a los intelectuales” dijo: “Esto significa que dentro de la Revolución, todo; contra la Revolución nada. Contra la Revolución nada, porque la Revolución tiene también sus derechos y el primer derecho de la Revolución es el derecho a existir y frente al derecho de la Revolución de ser y de existir, nadie, por cuanto la Revolución comprende los intereses del pueblo, por cuanto la Revolución significa los intereses de la Nación entera, nadie puede alegar con razón un derecho contra ella”.

Como desean el control  total de la sociedad, el abuso que los regímenes totalitarios hacen de la ley no se limita a perseguir a algunos opositores notorios o a prohibir una que otra actividad que se considere peligrosa. Por el contrario, estos regímenes extienden el alcance de la ley hasta los aspectos más recónditos de la vida ciudadana  – de manera especial, a la discusión y propagación de ideas. Así, para los regímenes totalitarios es apenas natural controlar un medio como la internet, que dado su gran potencial de comunicación y propagación de ideas, representa para ellos un riesgo intolerable. No es casual que los regímenes que hoy en día ‘regulan’ el acceso a la internet sean regímenes autoritarios o totalitarios como Cuba, Corea del Norte o Sudán.

La función de los soplones

Es precisamente la gran extensión de las actividades sometidas al control estatal la que resulta en otro aspecto distintivo de los regímenes totalitarios: El establecimiento de enormes aparatos de vigilancia e intimidación a la colectividad, indispensables para hacer valer las ‘nuevas leyes’, y los cuales no se componen exclusivamente de funcionarios gubernamentales sino que incluyen a muchos simpatizantes devenidos en soplones o en fuerzas de choque. En Venezuela ya hemos vivido parcialmente esta experiencia – los ‘colectivos’ chavistas no son otra cosa que grupos de intimidación cuyo objetivo es impedir protestas públicas – pero hasta el momento no habíamos vivido la experiencia de los soplones, tal como fue vivida en la Alemania Nazi o como desde hace medio siglo se vive en la Cuba Comunista. Creo que esto se debe a que hasta el momento el gobierno venezolano no había intentado reprimir totalmente la discusión de ideas más allá de los medios de comunicación masivos. Una vez que se decide ‘regular’ la internet, la situación cambia. Es de esperar que aparezca en cada foro de internet un grupo que asuma que su función es fiscalizar a nombre del estado los mensajes emitidos por los foristas.

Por lo tanto, no debe causar extrañeza que un grupo de foristas de Noticiero Digital se hayan convertido en especie de censores ad honorem que decidan que mensajes tienen o no tienen cabida en el medio, y que incluso exijan que no sean usadas imágenes de Simón Bolívar para criticar al gobierno. Son ellos quienes, llevando todo un catálogo de imaginarios crímenes de opinión, y presionando a una moderación ya nerviosa gracias a la nada sutil amenaza del propio presidente, cumplen hoy en día el papel de los antiguos delatores de judíos de la Alemania Nazi. La historia les reservará una consideración parecida a la que tiene para quienes en el pasado han cumplido funciones similares.

Por desgracia, es mucho lo que falta para que la ley esté encuadrada dentro de su papel. Ni siquiera cuando se ha apartado de su misión, lo ha hecho solamente con fines inocuos y defendibles. Ha hecho algo aún peor: Ha procedido en forma contraria a su propia finalidad; ha destruido su propia meta; se ha aplicado a aniquilar aquella justicia que debía hacer reinar; a anular, entre los derechos, aquellos límites que era su misión hacer respetar; ha puesto la fuerza colectiva al servicio de quienes quieran explotar, sin riesgo y sin escrúpulos, la persona, la libertad o la propiedad ajenas; ha convertido al robo, para protegerlo, en derecho y la legítima defensa en crimen, para castigarla.

 Frédéric Bastiat – La Ley

La reciente invasión de las tierras de los padres de la periodista Valentina Quintero y la historiadora Inés Quintero ha generado considerable discusión sobre el tema de las invasiones y su causa. Hay quien dice, de manera llana y simple, que las invasiones son apenas la obra de delincuentes, personas que gracias a su pereza (‘flojera’ en argot venezolano)  son dadas a apropiarse de lo ajeno. Desde luego, no les falta razón: En tanto que estas invasiones son actos delictivos, sus autores se convierten en delincuentes. Sin embargo, parar el análisis ahí deja sin contestar la pregunta principal: Ladrones e invasiones han existido toda la vida, pero nunca en la escala que se puede ver en la actualidad, por lo cual el auge de estos hechos no puede ser explicado por una simple apelación al carácter delictivo de sus autores.

Lo novedoso de las invasiones que han ocurrido en la última década en Venezuela es, desde luego, que estas han sido toleradas, cuando no animadas, por el estado. Esta tolerancia no es casual y tampoco es únicamente una consecuencia de la incompetencia del gobierno. Tampoco creo que sea, dicho sea de paso, parte de un plan deliberado del gobierno por afectar a personas completamente inofensivas como los esposos Quintero. La tolerancia frente a las invasiones es simplemente una consecuencia de la visión ética del gobierno, y, de hecho, es completamente consistente con la ética del socialismo. En un sentido muy real, las invasiones son una consecuencia de la doctrina socialista del gobierno y de su estrategia comunicacional – las cuales se caracterizan por una denuncia permanente del orden ‘capitalista’ y de la propiedad acumulada dentro de ese orden, y por una continua glorificación a un ambiguo e indefinido ‘pueblo’, versión venezolana del ‘proletariado’ marxista y como tal concebido en la doctrina oficial como la clase elegida por la historia para la redención del país. Armado con estos postulados, el estado se concibe a sí mismo como el poder que debe corregir injusticias ancestrales, resarciendo al ‘pueblo’ por los imaginarios daños causados por ‘la explotación capitalista’. Y al asumir esta responsabilidad, al estado no le queda otra opción que dejar de lado toda semblanza de igualdad ante la ley, y pasar a ser tolerantes con estas ‘recuperaciones populares’.

La coincidencia entre doctrina gubernamental e invasiones es corroborada por las declaraciones de los invasores de las tierras de los esposos Quintero, las cuales están repletas de los slogans de la doctrina oficial (“la tierra no es de nadie sino de quien la necesita”, o “estas tierras eran de nuestros ancestros”). Esto permite adivinar que esas fórmulas doctrinarias deben haber sido parte de las discusiones que concluyeron en la decisión de realizar la invasión. También deben haber sido parte de estas discusiones los múltiples ejemplos recientes de expropiaciones arbitrarias ordenadas por el presidente sin el menor atisbo de culpa o duda frente a la violación de las propiedades ajenas. Es en estos elementos en donde yo veo la causa fundamental del actual auge de las invasiones: La combinación de la tolerancia del estado frente a las invasiones, su discurso ‘reivindicador’ frente a supuestas injusticias ancestrales, y el ejemplo de las expropiaciones arbitrarias (tan violatorias de la propiedad como las mismas invasiones), han promovido un nuevo sistema moral en donde el respeto a la propiedad es en el mejor de los casos una norma menor, necesariamente subordinada a los objetivos sociales pregonados por el gobierno. En este sentido, no es casual que la invasión a la propiedad de los esposos Quintero haya sido realizada por personas que en virtud a su pertenencia a un organismo paraestatal – un consejo comunal –continuamente reciben adoctrinamiento ideológico gubernamental.

Lo anterior explica la evidente convicción de los transgresores de que sus acciones no violan normas morales, o que en todo caso dichas normas morales tienen que subordinarse a la nueva ‘moral socialista’ – convicción que desde luego resulta escandalosa para quien tiene algún respeto por el concepto de propiedad privada. En este sentido, este caso ejemplifica el conflicto entre dos visiones éticas no sólo distintas sino irreconciliables: Por un lado, la moral tradicional basada en reglas abstractas y universales como “no robarás”, y por otro lado la ‘moral socialista’ basada en reglas diferenciales como “de cada quien según su capacidad y a cada quien según su necesidad”, o “la tierra no es de nadie sino de quien la necesita”. Lo grave es, desde luego, que estos slogans socialistas pueden sonar muy bien, pero no pueden traducirse en leyes claras y precisas que permitan a los individuos guiar sus acciones de manera de evitar ser víctimas de actos que sus autores conciben como reparaciones de injusticias ancestrales, reales o imaginarias, en las cuales el propietario afectado no ha tenido ninguna parte. Y el resultado de esta imposibilidad es que la nueva ‘ley’, como lo dice Bastiat en la cita que da inicio a este artículo, “ha convertido al robo, para protegerlo, en derecho y la legítima defensa en crimen”

Es esta, a mi juicio, la verdadera y más grave tragedia de esta oleada de tanto de invasiones como de expropiaciones. Es cierto, y sin duda es muy grave, que estos actos contrarios a la propiedad están destruyendo el aparato productivo del país, es cierto que están literalmente acabando con el capital material que es condición indispensable para producir bienes y servicios, generar puestos de trabajo y por lo tanto combatir la pobreza. Pero más grave aún es que con estas invasiones se está destruyendo lo que en un sentido muy real podríamos llamar el capital moral de una población: el respeto por reglas morales que no sólo son muy antiguas, sino que son imprescindibles tanto para el progreso material como para la misma supervivencia de la civilización.

Los defensores del estado de bienestar tampoco parecen saber que a raíz de esa crisis, Suecia inició un ambicioso programa de reforma del Estado de Bienestar marcado por las privatizaciones y por la eliminación de los monopolios estatales en la provisión de servicios. Estas reformas no sólo han logrado revivir a la economía sueca, sino que han ofrecido a la población mayor libertad de elección y mayor calidad en los servicios que recibe.

Esta realidad ha sido descrita por el diputado sueco de origen chileno Mauricio Rojas, en sus dos libros: “Suecia después del modelo sueco: Del estado benefactor al estado posibilitador” (2005), y “Reinventar el estado de bienestar: La experiencia de Suecia” (2008).

En este post pretendo resumir muy brevemente los factores que llevaron a la crisis del Estado de Bienestar sueco y las principales líneas rectoras de su reforma. Es mi opinión que un entendimiento de estos elementos es relevante para el diseño de políticas públicas en América Latina, más aún cuando tantas personas en nuestros países tienen una opinión distorsionada de dicho modelo.

En particular, creo que las siguientes lecciones se desprenden del estudio de la crisis y reforma del Estado de Bienestar sueco:

• Un sistema de bienestar maximalista es económicamente inviable en el mundo globalizado de hoy, pues ofrece impacta negativamente la productividad y hace a la sociedad menos competitiva.
• Por tal motivo, es necesario establecer límites a la cobertura del estado de bienestar de manera de no establecer una carga excesivamente onerosa sobre la economía.
• La apertura al sector privado de la provisión de servicios de salud, educación y ahorros de jubilación a toda la población aumenta la eficiencia del gasto y la calidad del servicio, y es perfectamente compatible con el alcance universal de dichos servicios

La crisis

El estado de bienestar sueco se comenzó a implementar a partir de 1932. Durante más de treinta años, y particularmente después de 1945, tuvo gran éxito gracias al crecimiento económico causado por la reconstrucción de la posguerra. Como país neutral durante la guerra, Suecia llegó a 1945 con su infraestructura industrial y manufacturera intacta, y se benefició de la gran demanda de bienes causada por la reconstrucción de Europa.

El modelo sueco requería de un bajo nivel de desempleo además de un crecimiento económico elevado y estable. Sólo así se podía garantizar la viabilidad del modelo sin recurrir a niveles de impuestos exageradamente altos. El modelo comenzó a agrietarse cuando estas condiciones dejaron de darse en los años 70, como resultado de la recesión internacional causada por los altos precios del petróleo. Como lo indicó en 1997 Kjell-Olof Feldt, un socialdemócrata que para entonces era parte de la junta de gobernadores del Banco de Suecia:

“durante los últimos 20 años nuestro crecimiento económico ha sido escaso, tanto en una perspectiva histórica como desde un punto de vista comparativo a escala internacional. Desde 1975 el aumento medio del PNB anual ha sido inferior al 2% en términos reales. Sin embargo, los costes del Estado de Bienestar aumentaron aproximadamente el doble de este porcentaje.”

Los gobiernos suecos intentaron hacer frente a este desequilibrio entre ingresos y costos aumentando los impuestos. De esta manera, la carga tributaria pasó del 28% al 56% del PIB entre 1960 y 1989, mientras que el gasto público aumentó del 31% al 60% del PIB. Durante ese período, el estado se mantenía como el único proveedor de los servicios de bienestar. Paralelamente, la inflación, el desempleo y el déficit público aumentaron. Las mismas políticas del Estado de Bienestar contribuyeron a este malestar, como lo reconoce un socialdemócrata como Kjell-Olof Feldt:

“No pocos sostendrían que las propias políticas de bienestar han desempeñado un papel perjudicial en este proceso. Por citar sólo aquellos argumentos con los que estoy de acuerdo, los altos tipos impositivos han afectado sin lugar a dudas a la propensión al trabajo, al ahorro y a la inversión. Y las muy amplias prestaciones sociales, que compensaban la totalidad – o incluso más que la totalidad – de la pérdida de renta en los supuestos de desempleo, baja por enfermedad y baja por maternidad, tuvieron una repercusión sobre la motivación de la población a la hora de buscar nuevos empleos o de rendir en los que ya poseían. Al mismo tiempo, la gran expansión del empleo en el sector público, al menos durante los años 80, privó al sector privado de una mano de obra valiosa y cualificada.”

Durante los años 80, diversos gobiernos intentaron hacer frente a la situación, en algunos casos con un éxito moderado. Sin embargo, hubo una gran oposición interna a reformar el estado de bienestar, lo cual era visto por como una pérdida de derechos adquiridos para los trabajadores. De esta manera, el país continuó en un declive hasta que entró en crisis en 1991. Como lo indica Kjell-Olof Feldt:

“Pero haría falta una nueva crisis aguda, que comenzó en 1991, antes de que se dieran los primeros pasos para hacer algo en relación con el tamaño y con el alcance del Estado de Bienestar. En unos pocos años se perdieron en la industria privada alrededor de 500.000 empleos, la tasa de desempleo pasó del 3% al 12% de la población activa, y el Producto Nacional Bruto de Suecia cayó en un 6% entre 1991 y 1993. Y el sector público, que en 1989 había arrojado un superávit correspondiente al 5 % de nuestro PNB, experimentó un déficit del 13% en 1994, una oscilación de 17 puntos porcentuales o de unos trescientos mil millones de coronas suecas, lo cual equivalía a cincuenta mil millones de dólares americanos al tipo de cambio vigente.”

Esta crisis no era sólo visible en los indicadores macroeconómicos, sino en la calidad de los servicios. Por ejemplo, en el sistema médico estatizado, una cirugía no urgente de vesícula biliar requería un tiempo medio de espera de 3 años.

La reforma

La reforma del Estado de Bienestar sueco ha tenido hasta el momento dos vertientes fundamentales:

Por un lado, se controlaron los costos excesivos del estado de bienestar: Se redujeron prestaciones excesivas. Por ejemplo, se redujo la cobertura del seguro de desempleo del 100% al 75% del salario. Se hicieron más restrictivos los requisitos para acceder al sistema de asistencia pública. Se controlaron los gastos de los gobiernos regionales.

Por otro lado, se desmontaron los monopolios estatales sobre la provisión de los servicios de bienestar. Se privatizaron las empresas de telecomunicaciones, generación de energía, transporte urbano, e incluso de correo.

Aún más notorio es que se introdujo a la iniciativa privada en la provisión de servicios de educación, salud y ahorro para jubilación. El estado provee financiamiento público directo o indirecto para dichos servicios, los cuales son provistos tanto por entes públicos como privados, con o sin fines de lucro.

Por ejemplo, Suecia implementó en los años 90 un sistema de vouchers escolares como el propuesto por Milton Friedman en los años 50. Antes de la reforma, a cada niño le correspondía una escuela dependiendo de su lugar de vivienda. Pero ahora, los padres pueden escoger en qué escuela, pública o privada, y pagar por ella usando el voucher que reciben del gobierno.

Algo similar ha ocurrido con el sistema de salud: El estado sueco permitió la privatización de clínicas sin ningún tipo de restricciones, y la privatización de hospitales a través de instituciones sin fines de lucro. El estado financia la provisión de servicios de salud en hospitales y clínicas tanto públicas como privadas. Al igual que en el caso de la educación, esta medida ha traído como consecuencia una competencia entre proveedores de servicio privados y públicos que ha mejorado el servicio.

Siguiendo el ejemplo de los vouchers educativos, cada vez son más los municipios que organizan sus servicios de atención a ancianos y niños en edad escolar alrededor del sistema de vouchers.

En relación a la previsión social, se reformó el sistema para permitir a los trabajadores suecos colocar parte de sus ahorros para jubilación en una variedad de fondos privados. Esta no es otra cosa que la reforma de los fondos de pensiones realizada en Chile, que intentó pasar sin éxito Bush en los EEUU. Como lo dice Mauricio Rojas “esto ha convertido a los suecos en uno de los pueblos más capitalistas de la tierra, creando un interés inusitado por los vaivenes de la bolsa de valores”

Estas medidas han causado una reversión importante del gasto público, que ha caído del 69% del PIB en 1993 hasta el 52% del PIB en el 2006, y continúa cayendo. Al mismo tiempo, le han dado al consumidor sueco una libertad que no tenía desde hacía mucho tiempo. Es ahora el consumidor el que elige a qué escuela enviar a sus hijos, a que clínica u hospital ir a curarse, en qué fondo de pensiones invertir sus ahorros de jubilación.

Fuentes:

Mauricio Rojas “Suecia después del modelo sueco: Del estado benefactor al estado posibilitador” (2005),

http://www.hacer.org/pdf/Suecia.pdf

Stefan De Vylder “The Rise and Fall of the Swedish Model”

http://hdr.undp.org/docs/publications/ocational_papers/oc26a.htm#crisis

Ignacio Aréchaga “Reinventar el Estado del bienestar. La experiencia de Suecia”. Artículo aparecido en Aceprensa

http://www.aceprensa.com/articulos/2008/jun/04/reinventar-el-estado-del-bienestar-la-experiencia-de-suecia/

Mario Vargas Llosa “Hacerse el Sueco”. Artículo de prensa aparecido en el diario ‘El País’ http://www.elpais.com/articulo/opinion/Hacerse/sueco/elpporopi/20050807elpepiopi_7/Tes/

Kjell-Olof Feldt “La reforma del estado de bienestar – lecciones aprendidas”. Conferencia dictada en Madrid el 13 de Octubre de 1997

http://www.circulodeempresarios.org/var/forum/storage/original/application/dff2d9f3ebff8f01272e1db79acfddad.pdf

“Mauricio Rojas y el fin del modelo sueco” Artículo aparecido en El Diario Exterior

http://www.eldiarioexterior.com/noticia.asp?idarticulo=6476

Este argumento es apoyado por la evidencia histórica: El capitalismo surgió en Holanda e Inglaterra en los siglos XVII y XVIII como resultado de cambios institucionales que tuvieron el efecto de proteger la propiedad y la libertad. En el caso de Inglaterra, estos cambios incluyeron al llamado “Statute of Tenures” (1660), que dio punto final a la institución de la servidumbre, la cual había declinado en los siglos anteriores; el “Statute of Monopolies” (1624) que por un lado abolió los monopolios de los gremios medievales y otros monopolios otorgados por patente real, y por otro creó un sistema de protección a la propiedad intelectual; la incorporación en el “common law” de provisiones para la protección de la propiedad privada [2]; y, significativamente, el aseguramiento de los derechos individuales y la sujeción de la corona a la ley mediante el “Bill of Rights”(1689). Gracias a estos y a otros cambios, al final del siglo XVII habían sido creadas todas las precondiciones institucionales necesarias para el surgimiento del capitalismo, y como resultado, Inglaterra estaba experimentando un crecimiento económico sostenido que se extendería en el siglo XVIII con la aparición de la Revolución Industrial [3].

Las innovaciones institucionales que permitieron la aparición del capitalismo estuvieron orientadas a defender una esfera de derechos individuales bajo un ambiente de igualdad ante la ley. Por ejemplo, los razonamientos legales de Edward Coke frecuentemente se basaban en el reconocimiento de la autonomía de cada ser humano, y con ella, en la aceptación de que cada ser humano tiene el derecho a labrarse su propio bienestar a su propia manera. En otras palabras, estas innovaciones tuvieron, por lo menos parcialmente, una motivación moral. Felizmente, estas innovaciones facilitaron un nivel de  eficiencia económica sin precedentes en la historia de la humanidad que permitió que millones de personas salieran de la pobreza y que literalmente transformó al mundo.

Esta feliz coincidencia entre moral y eficiencia económica sugiere la existencia de una relación muy profunda entre ambos conceptos, relación que parece haber sido ignorada por los economistas, o por lo menos por los economistas modernos. Cabe preguntarse, ¿por qué es que los arreglos institucionales que nos parecen más morales resultan en una mayor eficiencia económica? ¿Es esa coincidencia únicamente una casualidad? ¿Es que derivamos nuestros conceptos de moralidad precisamente de la observación que ciertas reglas resultan en una mayor eficiencia, es decir, seleccionamos nuestras normas morales por un proceso utilitario? ¿O es la moralidad apenas una ilusión inventada por nuestras mentes para justificar el status quo?

Una posible respuesta a esta pregunta la formuló Marx al sugerir que la moral de una época (en este caso, de la época capitalista) es parte de la “superestructura” que se produce para justificar las relaciones de producción creadas para permitir una organización económica eficiente de acuerdo a los métodos de producción de cada época. Sin embargo, la explicación de Marx sufre de un error fatal: Los métodos de producción del capitalismo no precedieron sino que sucedieron a la creación de las instituciones del siglo XVII inglés, de manera que la máquina de vapor, la cual en palabras de Marx originó al capitalismo de la misma manera que el molino de agua originó el feudalismo, no fue una causa de la moral y las instituciones capitalistas sino un resultado de la misma.

De esta manera, la interrogante sobre la explicación de la relación entre moral y eficiencia económica permanece.

En mi opinión, esta relación se debe a que, si como premisa moral aceptamos que cada ser humano tiene el derecho a labrarse su propio bienestar a su propia manera, es necesario que también aceptemos que cada persona debe recibir íntegramente tanto los beneficios como los costos de sus propias acciones. En este sentido, el derecho a labrase el bienestar propio de manera autónoma no sólo hace impermisible que una persona perjudique a otra con sus acciones, sino que, de manera simétrica, implica que cada persona tiene el derecho de capturar íntegramente los beneficios de sus acciones. Así, la premisa moral que hemos expuesto necesariamente desemboca en lo que los economistas llaman la “internalización de externalidades”.

El hecho que la premisa moral del derecho a la búsqueda del bienestar propio sin violar ese mismo derecho en los demás tenga como consecuencia la internalización de externalidades es justamente el enlace que buscamos entre moralidad y eficiencia económica. Hay una gran cantidad de evidencia tanto teórica como histórica que indica que la internalización de externalidades está profundamente asociada a esta eficiencia. Desde el punto de vista teórico, el llamado “primer teorema fundamental de la economía del bienestar”, de Arrow y Debreu, establece que  en ausencia de externalidades, y en presencia de información simétrica, el mercado es eficiente, en el sentido que decisiones independientes que maximicen los beneficios individuales, maximizan también los beneficios colectivos (o, en la terminología de los economistas, resultan en una distribución “eficiente en el sentido de Pareto”) [4]. Similarmente, el llamado “Teorema de Coase” establece que, en la medida que sea factible establecer esquemas para internalizar externalidades, los actores económicos podrán llegar a un estado de eficiencia. Y, desde el punto de vista histórico, el trabajo de los “nuevos historiadores económicos” ha establecido que el surgimiento del capitalismo en Inglaterra se dio justamente como resultado de la internalización de externalidades que, al hacer a la tasa individual de retorno igual a la tasa social de retorno, incentivó la creatividad y la eficiencia económica de una manera sin precedentes en la historia de la humanidad [5]. Así, la regla moral según la cual cada persona tiene que recibir íntegramente los beneficios y los costos de sus acciones es la misma regla moral que, al ser observada por la mayoría de la población y asegurada por las instituciones, permite maximizar la eficiencia económica.

La discusión anterior tiene otra arista que merece ser mencionada: No sólo la eficiencia económica se produce como resultado de la institucionalización de reglas morales, sino que la observación e institucionalización de dichas normas morales, en particular del cumplimiento de la norma moral que prohíbe apropiarse de la propiedad ajena, es una condición necesaria para que el mercado opere eficientemente [6]. Así, en condiciones de anarquía amoral, la eficiencia económica es imposible, pues los agentes, al no tener barreras morales o institucionales que lo impidan, terminan capturando los beneficios producidos por otros a una gran escala, con lo cual resulta imposible internalizar externalidades. Y, aún si existen instituciones diseñadas para proteger la propiedad, la eficiencia económica sólo se puede lograr en la medida que la gran mayoría de la sociedad reconozca y respete los derechos ajenos. De otra manera, los costos asociados a la protección de dichos derechos se hacen muy altos y se crea una ineficiencia económica.

Toda esta discusión pone de manifiesto que, al contrario de lo que sostienen los antiliberales, el liberalismo es una doctrina primordialmente moral. Los creadores de la doctrina liberal tanto en el campo legal como en el filosófico, hombres como Coke y Blackstone o como Locke, Smith y Mill, apoyaron sus conclusiones normativas en argumentos morales. Para ellos, el respeto a la libertad y la propiedad ajena era un imperativo moral que debía ser obedecido por todos los hombres y asegurado por el estado, porque cada hombre tiene un derecho a labrarse su propio bienestar a su propia forma. Gracias al legado de estos grandes hombres y de sus sucesores, la humanidad ha gozado de una libertad y una prosperidad que en su época habría resultado inimaginable.

Las reflexiones anteriores aclaran las preguntas planteadas hasta cierto punto: La moral no es, como lo sostiene el marxismo, una ilusión creada por nuestra conciencia de clase. Y la coincidencia entre moral y eficiencia económica no es casual, sino que la eficiencia económica es un resultado de la moral. Pero estas reflexiones distan mucho de agotar el tema. Si nuestras ideas morales son el origen y no la causa de la eficiencia económica, queda aún por establecer cuál es el origen de las ideas morales. ¿Son esas ideas morales el resultado de un proceso evolutivo, tal como lo describió Hayek en “The Fatal Conceit”, según el cual los grupos sociales que han sobrevivido y prosperado son precisamente los grupos que adoptaron las normas morales más cónsonas con la eficiencia económica? ¿O es que hay en la humanidad una idea innata de moralidad, quizá resultante de una influencia divina? Quizá nunca lo sabremos, pero para este liberal accidental que, aunque fue educado en el catolicismo, durante muchos años se ha considerado agnóstico, las posibilidades son, por lo menos, estimulantes.

Notas:

[1] http://liberalaccidental.wordpress.com/2009/06/11/capitalismo-liberalismo-y-moralidad/

[2] Buena parte de estos desarrollos se deben al trabajo de Edward Coke, quien es posiblemente el jurista más influyente en la tradición inglesa y americana. Coke promovió la defensa de la propiedad privada tanto en sus escritos jurídicos como en sus decisiones judiciales. Por ejemplo, en su interpretación del Capítulo 29 de la Carta Magna, Coke escribió:

“No Freeman shall be taken or imprisoned, or be disseised of his Freehold, or Liberties, or free Customs, or be outlawed, or exiled, or any other wise destroyed; nor will We not pass upon him, nor condemn him, but by lawful judgment of his Peers, or by the Law of the Land. We will sell to no man, we will not deny or defer to any man either Justice or Right.”

Edward Coke -  Institutes, Segunda Parte

La parte resaltada constituye una garantía de respeto a la propiedad: A ningún hombre se le puede confiscar su propiedad a menos que se haga mediante un juicio justo y de acuerdo a la ley.

Coke también fue instrumental en la promoción de la idea de la supremacía de la ley “Magna Carta is such a fellow that he will have no Sovereign”

[3] Ver Douglass North y Robert Paul Thomas “The Rise of The Western World”

[4] Para una explicación más detallada sobre los supuestos de carácter moral que subyacen en elprimer teorema fundamental de la economía del bienestar, se recomienda leer a Walter J. Schultz. The Moral Conditions of Economic Efficiency.

[5] Leer a North y Thomas, Op. Cit. [3]

[6] Leer a Schlutz, Op. Cit [5]. Adicionalmente, el mismo Adam Smith, en The Theory of Moral Sentiments, reconoció que  “sin la moral, la mano invisible es insuficiente”

Los pueblos son capaces de soportar sin rebelarse y sin murmurar grandes errores de sus gobernantes, muchas leyes injustas y molestas y todos los deslices a que está expuesta la fragilidad humana. Pero no es de admirarse que, si una larga cadena de abusos, prevaricaciones y maquinaciones, encaminadas todas al mismo fin, descubren al pueblo cuál es ese fin, y el pueblo no puede menos de ver lo que se le viene encima y a dónde se le lleva, no es de admirar, digo, que ese pueblo se levante y trate de poner el gobierno en manos que puedan asegurarle el cumplimiento de las finalidades para las que fue establecido. Porque, si esas finalidades no se cumplen, nada se gana con regímenes antiguos y formas de gobierno que parecen magníficas, sino que, por el contrario, son mucho peores que el estado natural de pura anarquía

John Locke – Segundo Tratado Sobre el Gobierno Civil (1689)

Introducción

La Revolución Gloriosa es el nombre que se le da al movimiento que en 1689 depuso al rey James II de Inglaterra. Este movimiento fue causado por la insistencia del rey de gobernar de manera absoluta, con base en la doctrina del derecho divino de los reyes, y negando al parlamento cualquier derecho en la conformación de la política inglesa, situación que llevó a los líderes del parlamento inglés a buscar el apoyo del príncipe Guillermo de Orange y de su esposa María, hija de James II. Al ser depuesto James II, Guillermo y María firmaron un documento (el “Bill of RIghts”) en el que se comprometieron a gobernar respetando los derechos del parlamento y de los súbditos ingleses. Esto representó el inicio de la monarquía parlamentaria en Inglaterra, estableció  el ejemplo que casi un siglo después sería usado por los revolucionarios norteamericanos cuando decidieron independizar a las colonias inglesas en América de la autoridad de la corona inglesa, y en general sentó las bases del concepto moderno del estado de derecho (rule of law), según el cual ningún gobernante puede estar por encima de la ley.

A pesar de las grandes diferencias de tiempo y espacio, la situación que se ha vivido en Honduras a partir del 28 de Junio tiene más de un paralelo con la Revolución Gloriosa: La crisis se da porque el presidente Zelaya se empeña en realizar una consulta inconstitucional contra la oposición del tribunal supremo (que la declaró inconstitucional), del congreso hondureño, del tribunal electoral, del procurador, del fiscal, y de todos los partidos políticos mayores, incluyendo al de Zelaya. En resumen, al igual que en el caso de la Revolución Gloriosa, la crisis se da por la pretensión de un gobernante de imponer su voluntad sin obstrucción por parte de las leyes y otras autoridades de su país. Y, al igual que en el caso de la Revolución Gloriosa, el nuevo gobernante (Roberto Micheletti) ha jurado defender la constitución y gobernar de acuerdo al resto de las instituciones del país.

¿Golpe de estado?

La reacción de la comunidad internacional a las acciones de las instituciones hondureñas ha sido de una condena virtualmente unánime. La OEA, la Comunidad Europea, y los EEUU condenan lo que ellos llaman “golpe de estado” y exigen el retorno inmediato del depuesto presidente Zelaya. Hasta el momento de escribir esta nota, sólo dos países (Taiwan e Israel) han reconocido al nuevo gobierno hondureño. La OEA emitió un ultimátum exigiendo la restitución de Zelaya, y posteriormente decidió suspender a Honduras. Esta condena virtualmente unánime de la comunidad internacional contrasta con una aprobación virtualmente unánime de las instituciones hondureñas a las acciones tomadas.  Mientras la comunidad internacional habla de golpe de estado, las instituciones hondureñas insisten en que la remoción de Zelaya se hizo ajustada a la constitución y leyes hondureñas, y señalan que, al contrario que en los golpes militares, a raíz de esta transición no se han instalado los militares en el poder,  sino que el congreso sesionó el mismo día de los acontecimientos y designó como presidente a quien era el siguiente en la línea de sucesión constitucional, para que complete los últimos meses de este período presidencial y facilite la realización de elecciones en Noviembre del 2009.

Es innegable que la forma en la que se desarrollaron los acontecimientos, con militares que asaltaron la residencia de Zelaya, lo detuvieron y luego lo llevaron a Costa Rica, sin haber mediado un proceso de inhabilitación política, suena extraña a personas acostumbradas a otros cauces institucionales, y desde ese punto de vista se puede entender por qué han concluido que se trata de un golpe de estado. Pero, aunque sea comprensible que la gente llegue a esa conclusión, eso no hace que dicha conclusión sea correcta: Un cambio de gobierno se puede catalogar como golpe de estado sólo si dicho cambio de gobierno se realizó violando la constitución del país en cuestión, en este caso Honduras. Y, hasta el momento, no he visto ningún argumento que demuestre claramente que la destitución de Zelaya se hizo violando la constitución de Honduras.

Por lo que he leído hasta el momento, la constitución hondureña no establece un fuero jurídico especial para el presidente, y por lo tanto no requiere de un antejuicio de mérito previo a su detención. En esto, esta constitución es diferente a la de muchos países, pero es, en definitiva, la constitución de los hondureños y no corresponde a otros países censurar su orden constitucional, siempre que el mismo establezca y proteja los derechos de los individuos.

No sólo la constitución hondureña no contempla un fuero especial para el presidente, sino que, en su artículo 239, establece de manera “pétrea” que el presidente no puede proponer la reelección presidencial, y que si así lo hiciera, cesaría de manera inmediata en el desempeño de sus funciones. En este sentido, la negativa de Zelaya a acatar la suspensión de la consulta decretada por el tribunal supremo hondureño, la destitución del jefe militar que con base en dicha orden judicial se negó a distribuir el material, el desacato de la orden judicial de restaurar a dicho jefe militar en sus funciones, el “rescate” ordenado por Zelaya del material electoral que había sido confiscado por orden de la corte, y finalmente, la aparición en el diario oficial del decreto que ordenaba la consulta, fueron delitos cometids in fraganti que se constituyeron en el detonante de su destitución, la cual, según el artículo 239 de la constitución hondureña ocurre de manera inmediata una vez el ocurridos estos hechos. La orden de captura emitida por la Corte Suprema de Justicia de Honduras es, entonces, ajustada a derecho, de la misma manera que es ajustado a derecho el arresto de Zelaya, si bien no su posterior envío a Costa Rica.

La arrogancia de la comunidad internacional, y la inutilidad de los organismos multilaterales

La comunidad internacional ha limitado sus comentarios a la condena al ‘golpe de estado’. Pero aún admitiendo que hubo golpe (cosa que encuentro por lo menos discutible), tal insistencia pasa por alto lo esencial: El derecho que tiene un pueblo a remover a un gobierno que, saltándose la constitución y las leyes, quiere imponer una tiranía.

Por qué la comunidad internacional, incluyendo a la OEA, que hoy reacciona indignada frente a la remoción de Zelaya, calló frente a todos sus abusos previos? Por qué la misma OEA que hace pocas semanas casi le rogó a Cuba, un país sin un atisbo de democracia, que volviera a la organización, pero suspende a Honduras cuando defenestran a un gobernante que estaba amenazando la democracia?

A mi juicio, la reacción de la comunidad internacional pone de manifiesto, por un lado, la creciente influencia que tiene la política de Hugo Chávez y sus aliados internacionales; pero por otro lado, y lo que es más importante, la arrogancia de la comunidad internacional que, al juzgar a Honduras no con base en la constitución hondureña sino con base en sus propios sistemas de gobierno, le niega a Honduras el derecho de remover a un gobernante tiránico, mientras que de manera hipócrita tolera los abusos de gobiernos que son democráticos sólo en nombre, tales como el gobierno de Venezuela.

Quizá parte del problema se deba a que mecanismos como la carta democrática de la OEA se hayan diseñado en una época en la que la principal amenaza a la democracia eran los golpes de estado.  En una época en donde la democracia se encuentra amenazada, no tanto por militares que intenten llegar al poder mediante golpes de estado, sino por políticos que se valen de la democracia para acceden al poder y luego desmontar, desde el poder, a esa misma democracia, estos mecanismos son irremediablemente inútiles, y su aplicación contribuye, no a defender la democracia, sino a evitar que los mecanismos de defensa de la democracia actúen con la eficacia debida.

Notas:

[1] De la Constitución de Honduras: “ARTICULO 239.- El ciudadano que haya desempeñado la titularidad del Poder Ejecutivo no podrá ser Presidente o Designado.- El que quebrante esta disposición o proponga su reforma, así como aquellos que lo apoyen directa o indirectamente, cesarán de inmediato en el desempeño de sus respectivos cargos, y quedarán inhabilitados por diez años para el ejercicio de toda función pública.”

Referencias:

Constitución de Honduras

http://www.honduras.net/honduras_constitution.html

Sánchez, Octavio. ¿Qué pasó en realidad en Honduras?. 3 de Julio, 2009

http://www.elcato.org/node/4450