El 4 de Noviembre del 2008, el mismo día que Barack Obama ganó la presidencia de los EEUU, el pueblo del estado de California aprobó la llamada “Propuesta 8” (“Proposition 8”), por un margen de 52.7% contra 47.3%. Al aprobar esta propuesta, los votantes enmendaron la constitución de California, definiendo el matrimonio como la unión de un hombre y una mujer. De esta manera, el pueblo de California eliminó el derecho de parejas del mismo sexo a casarse.

Lo preocupante de esta enmienda es que su único objeto es prohibir un acto consensual entre dos adultos (la suscripción de un contrato de matrimonio) cuyos efectos tanto positivos como negativos afectan únicamente a los contrayentes. Así, votantes que para nada son afectados por el hecho de que personas del mismo sexo se casen, decidieron imponer sus valores morales sobre otras personas.

Desde el punto de vista liberal, la única justificación para prohibir un acto consensual entre dos adultos, es que dicho acto perjudique a un tercero, violando o menoscabando sus derechos. Dado que el matrimonio en nada afecta a nadie que no sea uno de los contrayentes, como liberal estoy completamente opuesto a la propuesta 8, y considero inadmisible la prohibición al matrimonio entre personas del mismo sexo.

Pero más allá de la pertinencia o no de la propuesta 8, este evento pone de relieve una pregunta muy importante: Hasta que punto es lícito para una mayoría decidir sobre la vida privada de los ciudadanos? En otras palabras: Debe la voluntad de la mayoría tener algún tipo de límites? si es así, qué límites debe tener?

Quienes piensen que nada debe interponerse en el camino de la voluntad de las mayorías, quienes piensan que las mayorías no se equivocan, y que tienen el derecho de decidir lo que quieran sobre la vida de quien quieran, deben aceptar el veredicto de la mayoría en el caso de la propuesta 8.

Por otro lado, quienes se oponen a la propuesta 8 una vez aprobada, implícitamente reconocen que la democracia no puede ser ilimitada, que existe una esfera de acción alrededor del individuo en la cual nadie puede lícitamente interferir, ni siquiera la mayoría. Y al reconocer esto, implícitamente asumen una posición individualista: asumen que cada quien es dueño de su vida, que cada quien tiene por tanto el derecho de vivir su vida para cumplir sus propios objetivos, no los objetivos de la comunidad.

En otras palabras, quien se oponga a la propuesta 8 una vez aprobada, sólo puede hacerlo suscribiendo los principios liberales de propiedad de sí mismo (self-ownership) e inviolabilidad de los derechos individuales. Quien piense que el individuo no vive para sí mismo sino para su comunidad, para sus semejantes, debería aceptar el dictamen de la mayoría, así no esté de acuerdo con él.

Esta no es la primera vez que una mayoría viola los derechos de los individuos por medios aparentemente democráticos y legales, y con el apoyo implícito, cuando no explícito, de la mayoría. Hace aproximadamente 2500 años un jurado ateniense democráticamente decidió condenar a muerte a Sócrates por haber enseñado a la juventud una doctrina que encontraron subversiva. Cuando una mayoría Jacobina se instaló en la Asamblea Nacional francesa, esa mayoría procedió a arrestar y asesinar a miles de personas, confiscar su propiedad, y castigarlos por sus creencias religiosas. Cuando el régimen Nazi privó de sus derechos civiles a millones de judíos, lo hizo con la aprobación de la mayoría de los alemanes – y esa es una carga que el pueblo alemán aún lleva en su conciencia.

La moraleja de esta historia es: Las mayorías también se equivocan. Si quieremos evitar que esas equivocaciones resulten en crímenes horrorosos, no nos queda otra opción que establecer fuertes salvaguardas para los derechos individuales, y eso implica el reconocimiento de la prioridad de estos derechos con respecto a cualquier concepción comunitaria del bien común.

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