Los pueblos son capaces de soportar sin rebelarse y sin murmurar grandes errores de sus gobernantes, muchas leyes injustas y molestas y todos los deslices a que está expuesta la fragilidad humana. Pero no es de admirarse que, si una larga cadena de abusos, prevaricaciones y maquinaciones, encaminadas todas al mismo fin, descubren al pueblo cuál es ese fin, y el pueblo no puede menos de ver lo que se le viene encima y a dónde se le lleva, no es de admirar, digo, que ese pueblo se levante y trate de poner el gobierno en manos que puedan asegurarle el cumplimiento de las finalidades para las que fue establecido. Porque, si esas finalidades no se cumplen, nada se gana con regímenes antiguos y formas de gobierno que parecen magníficas, sino que, por el contrario, son mucho peores que el estado natural de pura anarquía

John Locke – Segundo Tratado Sobre el Gobierno Civil (1689)

 

Introducción

La Revolución Gloriosa es el nombre que se le da al movimiento que en 1689 depuso al rey James II de Inglaterra. Este movimiento fue causado por la insistencia del rey de gobernar de manera absoluta, con base en la doctrina del derecho divino de los reyes, y negando al parlamento cualquier derecho en la conformación de la política inglesa, situación que llevó a los líderes del parlamento inglés a buscar el apoyo del príncipe Guillermo de Orange y de su esposa María, hija de James II. Al ser depuesto James II, Guillermo y María firmaron un documento (el “Bill of RIghts”) en el que se comprometieron a gobernar respetando los derechos del parlamento y de los súbditos ingleses. Esto representó el inicio de la monarquía parlamentaria en Inglaterra, estableció  el ejemplo que casi un siglo después sería usado por los revolucionarios norteamericanos cuando decidieron independizar a las colonias inglesas en América de la autoridad de la corona inglesa, y en general sentó las bases del concepto moderno del estado de derecho (rule of law), según el cual ningún gobernante puede estar por encima de la ley.

A pesar de las grandes diferencias de tiempo y espacio, la situación que se ha vivido en Honduras a partir del 28 de Junio tiene más de un paralelo con la Revolución Gloriosa: La crisis se da porque el presidente Zelaya se empeña en realizar una consulta inconstitucional contra la oposición del tribunal supremo (que la declaró inconstitucional), del congreso hondureño, del tribunal electoral, del procurador, del fiscal, y de todos los partidos políticos mayores, incluyendo al de Zelaya. En resumen, al igual que en el caso de la Revolución Gloriosa, la crisis se da por la pretensión de un gobernante de imponer su voluntad sin obstrucción por parte de las leyes y otras autoridades de su país. Y, al igual que en el caso de la Revolución Gloriosa, el nuevo gobernante (Roberto Micheletti) ha jurado defender la constitución y gobernar de acuerdo al resto de las instituciones del país.

 

¿Golpe de estado?

La reacción de la comunidad internacional a las acciones de las instituciones hondureñas ha sido de una condena virtualmente unánime. La OEA, la Comunidad Europea, y los EEUU condenan lo que ellos llaman “golpe de estado” y exigen el retorno inmediato del depuesto presidente Zelaya. Hasta el momento de escribir esta nota, sólo dos países (Taiwan e Israel) han reconocido al nuevo gobierno hondureño. La OEA emitió un ultimátum exigiendo la restitución de Zelaya, y posteriormente decidió suspender a Honduras. Esta condena virtualmente unánime de la comunidad internacional contrasta con una aprobación virtualmente unánime de las instituciones hondureñas a las acciones tomadas.  Mientras la comunidad internacional habla de golpe de estado, las instituciones hondureñas insisten en que la remoción de Zelaya se hizo ajustada a la constitución y leyes hondureñas, y señalan que, al contrario que en los golpes militares, a raíz de esta transición no se han instalado los militares en el poder,  sino que el congreso sesionó el mismo día de los acontecimientos y designó como presidente a quien era el siguiente en la línea de sucesión constitucional, para que complete los últimos meses de este período presidencial y facilite la realización de elecciones en Noviembre del 2009.

Es innegable que la forma en la que se desarrollaron los acontecimientos, con militares que asaltaron la residencia de Zelaya, lo detuvieron y luego lo llevaron a Costa Rica, sin haber mediado un proceso de inhabilitación política, suena extraña a personas acostumbradas a otros cauces institucionales, y desde ese punto de vista se puede entender por qué han concluido que se trata de un golpe de estado. Pero, aunque sea comprensible que la gente llegue a esa conclusión, eso no hace que dicha conclusión sea correcta: Un cambio de gobierno se puede catalogar como golpe de estado sólo si dicho cambio de gobierno se realizó violando la constitución del país en cuestión, en este caso Honduras. Y, hasta el momento, no he visto ningún argumento que demuestre claramente que la destitución de Zelaya se hizo violando la constitución de Honduras.

Por lo que he leído hasta el momento, la constitución hondureña no establece un fuero jurídico especial para el presidente, y por lo tanto no requiere de un antejuicio de mérito previo a su detención. En esto, esta constitución es diferente a la de muchos países, pero es, en definitiva, la constitución de los hondureños y no corresponde a otros países censurar su orden constitucional, siempre que el mismo establezca y proteja los derechos de los individuos.

No sólo la constitución hondureña no contempla un fuero especial para el presidente, sino que, en su artículo 239, establece de manera “pétrea” que el presidente no puede proponer la reelección presidencial, y que si así lo hiciera, cesaría de manera inmediata en el desempeño de sus funciones. En este sentido, la negativa de Zelaya a acatar la suspensión de la consulta decretada por el tribunal supremo hondureño, la destitución del jefe militar que con base en dicha orden judicial se negó a distribuir el material, el desacato de la orden judicial de restaurar a dicho jefe militar en sus funciones, el “rescate” ordenado por Zelaya del material electoral que había sido confiscado por orden de la corte, y finalmente, la aparición en el diario oficial del decreto que ordenaba la consulta, fueron delitos cometids in fraganti que se constituyeron en el detonante de su destitución, la cual, según el artículo 239 de la constitución hondureña ocurre de manera inmediata una vez el ocurridos estos hechos. La orden de captura emitida por la Corte Suprema de Justicia de Honduras es, entonces, ajustada a derecho, de la misma manera que es ajustado a derecho el arresto de Zelaya, si bien no su posterior envío a Costa Rica.

 

La arrogancia de la comunidad internacional, y la inutilidad de los organismos multilaterales

La comunidad internacional ha limitado sus comentarios a la condena al ‘golpe de estado’. Pero aún admitiendo que hubo golpe (cosa que encuentro por lo menos discutible), tal insistencia pasa por alto lo esencial: El derecho que tiene un pueblo a remover a un gobierno que, saltándose la constitución y las leyes, quiere imponer una tiranía.

Por qué la comunidad internacional, incluyendo a la OEA, que hoy reacciona indignada frente a la remoción de Zelaya, calló frente a todos sus abusos previos? Por qué la misma OEA que hace pocas semanas casi le rogó a Cuba, un país sin un atisbo de democracia, que volviera a la organización, pero suspende a Honduras cuando defenestran a un gobernante que estaba amenazando la democracia?

A mi juicio, la reacción de la comunidad internacional pone de manifiesto, por un lado, la creciente influencia que tiene la política de Hugo Chávez y sus aliados internacionales; pero por otro lado, y lo que es más importante, la arrogancia de la comunidad internacional que, al juzgar a Honduras no con base en la constitución hondureña sino con base en sus propios sistemas de gobierno, le niega a Honduras el derecho de remover a un gobernante tiránico, mientras que de manera hipócrita tolera los abusos de gobiernos que son democráticos sólo en nombre, tales como el gobierno de Venezuela.

Quizá parte del problema se deba a que mecanismos como la carta democrática de la OEA se hayan diseñado en una época en la que la principal amenaza a la democracia eran los golpes de estado.  En una época en donde la democracia se encuentra amenazada, no tanto por militares que intenten llegar al poder mediante golpes de estado, sino por políticos que se valen de la democracia para acceden al poder y luego desmontar, desde el poder, a esa misma democracia, estos mecanismos son irremediablemente inútiles, y su aplicación contribuye, no a defender la democracia, sino a evitar que los mecanismos de defensa de la democracia actúen con la eficacia debida.

Notas:

[1] De la Constitución de Honduras: “ARTICULO 239.- El ciudadano que haya desempeñado la titularidad del Poder Ejecutivo no podrá ser Presidente o Designado.- El que quebrante esta disposición o proponga su reforma, así como aquellos que lo apoyen directa o indirectamente, cesarán de inmediato en el desempeño de sus respectivos cargos, y quedarán inhabilitados por diez años para el ejercicio de toda función pública.”

Referencias:

Constitución de Honduras

http://www.honduras.net/honduras_constitution.html

Sánchez, Octavio. ¿Qué pasó en realidad en Honduras?. 3 de Julio, 2009

http://www.elcato.org/node/4450

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