marzo 2010


Publico a continuación un escrito del Dr. Álvarez Paz, referente al proceso que se le sigue


No es la primera vez que escribimos sobre la muerte del Derecho como instrumento de regulación de la vida en sociedad, de los ciudadanos entre sí y de estos con el estado-gobierno. El país está indefenso y la gente sometida a normas dictadas por el capricho, los complejos, la intolerancia ideologizada, el cohecho, la corrupción y muchos vicios más de unos poderes públicos dirigidos por un Presidente incapaz de controlar sus impulsos más primitivos. Se acabó el sagrado principio de la legalidad.

Fui citado a la Fiscalía 21 del Ministerio Publico por una comisión de la anterior Disip (¿?) que se presentó en mi casa, de noche, a entregarme una boleta fijando sitio y hora del Acto de Imputación en mi contra, sin mencionar él o los delitos. Por la prensa había tenido noticias de que dos diputados chavistas de la Asamblea, miembros de la Comisión de Ciencia y Tecnología, válgame Dios, solicitaron esta actuación y fueron debidamente complacidos. Leyendo el expediente sentí pena ajena. Se trata de la tarea que Chávez públicamente encomendó a los poderes públicos para reducir los medios independientes por la vía del terror, criminalizar penalmente a la disidencia política y ahogar, hasta hacerlas desaparecer, las noticias y denuncias contrarias al régimen o que afecten su imprecisa conducta. En este caso se trata del Auto de Procedimiento dictado por el juez Eloy Velasco de la Audiencia Nacional de España. Trata de la relación ETA-FARC y eventual colaboración del gobierno venezolano por actuaciones en nuestro territorio. Reuniones, cursos, planes, etc.

Todo debidamente soportado con indicios plurales y concurrentes, documentales y testimoniales, que dieron lugar a la investigación. Me referí a todo esto, incluido el tema del narcotráfico y lo relativo a los derechos humanos, en el programa Alò Ciudadano. En la Fiscalía ratifiqué mi intervención explicando sus alcances y objetivos.

Según boletín de prensa de la Fiscalía, el delito sería por instigación al odio contenido en el artículo 285 del Código Penal. Pero allá me enteré de que la Fiscal me imputaba también, en forma bastante genérica e imprecisa, por el artículo 132 que habla desde traición a la patria hasta conspiración y otras conductas inmoralmente adjetivadas por los diputados chavistas, con pena de 8 a 16 años y además por el artículo 296-A, referido a la generación de “zozobra e inquietud”, malestar, etc., en la población. La defensa consignó un extenso escrito con relación específica al primer caso.

Con lo demás anunciamos próximas diligencias y promovimos algunas actuaciones que en Derecho y justicia servirían para desmontar toda la maniobra. Ya veremos. Terrorismo, narcotráfico y violación de derechos humanos son delitos pluriofensivos sometidos a la jurisdicción internacional. Los procesos ya están en marcha. El gobierno venezolano es protagonista de las noticias. Estoy sometido a acoso, vigilancia y seguimiento policial.

oalvarezpaz@gmail.com Lunes, 22 de marzo de 2010

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La ‘justicia’ venezolana ha detenido a Oswaldo Álvarez Paz por haber dado las siguientes declaraciones. Aquí las reproduzco. Vénganme a poner preso a mí, pues….

…a menudo la ley es apenas la voluntad del tirano; este siempre es el caso cuando dicha ley viola los derechos de un individuo

Thomas Jefferson – Carta a Isaac H. Tiffany (1819)

 

La ley es cualquier cosa que yo escriba en un pedazo de papel

Saddam Hussein

 

La ley al servicio de la tiranía

Los recientes llamados de Hugo Chávez y sus adláteres a ‘regular’ la internet resaltan nuevamente uno de los aspectos más repugnantes del proceso de degradación institucional que conocemos con el nombre de chavismo: la completa perversión del carácter y los fines de la ley. Cuando el estado usa la ley para justificar expropiaciones arbitrarias, para cerrar medios de comunicación, para intimidar y perseguir a disidentes, y para ahogar la libre discusión en foros de internet, el estado hace que la ley sirva propósitos contrarios a su naturaleza de garante de los derechos de los individuos. Y al pervertirse de esta forma, la ley deja de ser el instrumento que regula las relaciones entre personas libres, y se convierte en un instrumento al servicio de la tiranía.

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Por desgracia, es mucho lo que falta para que la ley esté encuadrada dentro de su papel. Ni siquiera cuando se ha apartado de su misión, lo ha hecho solamente con fines inocuos y defendibles. Ha hecho algo aún peor: Ha procedido en forma contraria a su propia finalidad; ha destruido su propia meta; se ha aplicado a aniquilar aquella justicia que debía hacer reinar; a anular, entre los derechos, aquellos límites que era su misión hacer respetar; ha puesto la fuerza colectiva al servicio de quienes quieran explotar, sin riesgo y sin escrúpulos, la persona, la libertad o la propiedad ajenas; ha convertido al robo, para protegerlo, en derecho y la legítima defensa en crimen, para castigarla.

 Frédéric Bastiat – La Ley

 

La reciente invasión de las tierras de los padres de la periodista Valentina Quintero y la historiadora Inés Quintero ha generado considerable discusión sobre el tema de las invasiones y su causa. Hay quien dice, de manera llana y simple, que las invasiones son apenas la obra de delincuentes, personas que gracias a su pereza (‘flojera’ en argot venezolano)  son dadas a apropiarse de lo ajeno. Desde luego, no les falta razón: En tanto que estas invasiones son actos delictivos, sus autores se convierten en delincuentes. Sin embargo, parar el análisis ahí deja sin contestar la pregunta principal: Ladrones e invasiones han existido toda la vida, pero nunca en la escala que se puede ver en la actualidad, por lo cual el auge de estos hechos no puede ser explicado por una simple apelación al carácter delictivo de sus autores.

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Suecia es un país frecuentemente usado como modelo por los defensores del Estado de Bienestar o de la socialdemocracia. Para estos defensores, Suecia es la confirmación de que es posible conjugar crecimiento económico con la completa provisión estatal de servicios sociales. Sin embargo, estos defensores parecen no saber que el modelo sueco comenzó un proceso de declive en los años 70 que culminó en una grave crisis a inicios de los 90, crisis que puso en evidencia la inviabilidad de un Estado de Bienestar ilimitado.

Los defensores del estado de bienestar tampoco parecen saber que a raíz de esa crisis, Suecia inició un ambicioso programa de reforma del Estado de Bienestar marcado por las privatizaciones y por la eliminación de los monopolios estatales en la provisión de servicios. Estas reformas no sólo han logrado revivir a la economía sueca, sino que han ofrecido a la población mayor libertad de elección y mayor calidad en los servicios que recibe.

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