Por desgracia, es mucho lo que falta para que la ley esté encuadrada dentro de su papel. Ni siquiera cuando se ha apartado de su misión, lo ha hecho solamente con fines inocuos y defendibles. Ha hecho algo aún peor: Ha procedido en forma contraria a su propia finalidad; ha destruido su propia meta; se ha aplicado a aniquilar aquella justicia que debía hacer reinar; a anular, entre los derechos, aquellos límites que era su misión hacer respetar; ha puesto la fuerza colectiva al servicio de quienes quieran explotar, sin riesgo y sin escrúpulos, la persona, la libertad o la propiedad ajenas; ha convertido al robo, para protegerlo, en derecho y la legítima defensa en crimen, para castigarla.

 Frédéric Bastiat – La Ley

 

La reciente invasión de las tierras de los padres de la periodista Valentina Quintero y la historiadora Inés Quintero ha generado considerable discusión sobre el tema de las invasiones y su causa. Hay quien dice, de manera llana y simple, que las invasiones son apenas la obra de delincuentes, personas que gracias a su pereza (‘flojera’ en argot venezolano)  son dadas a apropiarse de lo ajeno. Desde luego, no les falta razón: En tanto que estas invasiones son actos delictivos, sus autores se convierten en delincuentes. Sin embargo, parar el análisis ahí deja sin contestar la pregunta principal: Ladrones e invasiones han existido toda la vida, pero nunca en la escala que se puede ver en la actualidad, por lo cual el auge de estos hechos no puede ser explicado por una simple apelación al carácter delictivo de sus autores.

Lo novedoso de las invasiones que han ocurrido en la última década en Venezuela es, desde luego, que estas han sido toleradas, cuando no animadas, por el estado. Esta tolerancia no es casual y tampoco es únicamente una consecuencia de la incompetencia del gobierno. Tampoco creo que sea, dicho sea de paso, parte de un plan deliberado del gobierno por afectar a personas completamente inofensivas como los esposos Quintero. La tolerancia frente a las invasiones es simplemente una consecuencia de la visión ética del gobierno, y, de hecho, es completamente consistente con la ética del socialismo. En un sentido muy real, las invasiones son una consecuencia de la doctrina socialista del gobierno y de su estrategia comunicacional – las cuales se caracterizan por una denuncia permanente del orden ‘capitalista’ y de la propiedad acumulada dentro de ese orden, y por una continua glorificación a un ambiguo e indefinido ‘pueblo’, versión venezolana del ‘proletariado’ marxista y como tal concebido en la doctrina oficial como la clase elegida por la historia para la redención del país. Armado con estos postulados, el estado se concibe a sí mismo como el poder que debe corregir injusticias ancestrales, resarciendo al ‘pueblo’ por los imaginarios daños causados por ‘la explotación capitalista’. Y al asumir esta responsabilidad, al estado no le queda otra opción que dejar de lado toda semblanza de igualdad ante la ley, y pasar a ser tolerantes con estas ‘recuperaciones populares’.

La coincidencia entre doctrina gubernamental e invasiones es corroborada por las declaraciones de los invasores de las tierras de los esposos Quintero, las cuales están repletas de los slogans de la doctrina oficial (“la tierra no es de nadie sino de quien la necesita”, o “estas tierras eran de nuestros ancestros”). Esto permite adivinar que esas fórmulas doctrinarias deben haber sido parte de las discusiones que concluyeron en la decisión de realizar la invasión. También deben haber sido parte de estas discusiones los múltiples ejemplos recientes de expropiaciones arbitrarias ordenadas por el presidente sin el menor atisbo de culpa o duda frente a la violación de las propiedades ajenas. Es en estos elementos en donde yo veo la causa fundamental del actual auge de las invasiones: La combinación de la tolerancia del estado frente a las invasiones, su discurso ‘reivindicador’ frente a supuestas injusticias ancestrales, y el ejemplo de las expropiaciones arbitrarias (tan violatorias de la propiedad como las mismas invasiones), han promovido un nuevo sistema moral en donde el respeto a la propiedad es en el mejor de los casos una norma menor, necesariamente subordinada a los objetivos sociales pregonados por el gobierno. En este sentido, no es casual que la invasión a la propiedad de los esposos Quintero haya sido realizada por personas que en virtud a su pertenencia a un organismo paraestatal – un consejo comunal –continuamente reciben adoctrinamiento ideológico gubernamental.

Lo anterior explica la evidente convicción de los transgresores de que sus acciones no violan normas morales, o que en todo caso dichas normas morales tienen que subordinarse a la nueva ‘moral socialista’ – convicción que desde luego resulta escandalosa para quien tiene algún respeto por el concepto de propiedad privada. En este sentido, este caso ejemplifica el conflicto entre dos visiones éticas no sólo distintas sino irreconciliables: Por un lado, la moral tradicional basada en reglas abstractas y universales como “no robarás”, y por otro lado la ‘moral socialista’ basada en reglas diferenciales como “de cada quien según su capacidad y a cada quien según su necesidad”, o “la tierra no es de nadie sino de quien la necesita”. Lo grave es, desde luego, que estos slogans socialistas pueden sonar muy bien, pero no pueden traducirse en leyes claras y precisas que permitan a los individuos guiar sus acciones de manera de evitar ser víctimas de actos que sus autores conciben como reparaciones de injusticias ancestrales, reales o imaginarias, en las cuales el propietario afectado no ha tenido ninguna parte. Y el resultado de esta imposibilidad es que la nueva ‘ley’, como lo dice Bastiat en la cita que da inicio a este artículo, “ha convertido al robo, para protegerlo, en derecho y la legítima defensa en crimen”

Es esta, a mi juicio, la verdadera y más grave tragedia de esta oleada de tanto de invasiones como de expropiaciones. Es cierto, y sin duda es muy grave, que estos actos contrarios a la propiedad están destruyendo el aparato productivo del país, es cierto que están literalmente acabando con el capital material que es condición indispensable para producir bienes y servicios, generar puestos de trabajo y por lo tanto combatir la pobreza. Pero más grave aún es que con estas invasiones se está destruyendo lo que en un sentido muy real podríamos llamar el capital moral de una población: el respeto por reglas morales que no sólo son muy antiguas, sino que son imprescindibles tanto para el progreso material como para la misma supervivencia de la civilización.

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