Mucho se ha hablado de la deriva autoritaria del gobierno de Hugo Chávez. Las evidencias están por doquier. Hechos, acciones y decisiones contrarios al estado de derecho como la completa subordinación de los poderes públicos al ejecutivo, las expropiaciones arbitrarias, la discriminación política, el uso del poder judicial como herramienta de intimidación y castigo a los opositores, y la inoperancia de ese mismo poder judicial para frenar abusos de aliados del gobierno a terceros inocentes, prueban esta deriva autoritaria y configuran una realidad francamente repugnante para quienes nos oponemos al proceso chavista.

A pesar de todo el rechazo que en la oposición engendra el autoritarismo de Chávez, hay relativamente poca discusión sobre sus causas. Implícitamente se asume que este autoritarismo se debe únicamente a la personalidad de Chávez – esencialmente, que es tan sólo una consecuencia de su exagerada sed de poder. Poco se discute si tiene otras causas – causas que puedan ser estructurales y estar relacionadas a nuestro modelo político o económico. En resumen, no se discute si la deriva autoritaria del gobierno pueda estar asociada a los objetivos y las responsabilidades que el gobierno ha asumido, con el consentimiento de buena parte de la población.

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