Mucho se ha hablado de la deriva autoritaria del gobierno de Hugo Chávez. Las evidencias están por doquier. Hechos, acciones y decisiones contrarios al estado de derecho como la completa subordinación de los poderes públicos al ejecutivo, las expropiaciones arbitrarias, la discriminación política, el uso del poder judicial como herramienta de intimidación y castigo a los opositores, y la inoperancia de ese mismo poder judicial para frenar abusos de aliados del gobierno a terceros inocentes, prueban esta deriva autoritaria y configuran una realidad francamente repugnante para quienes nos oponemos al proceso chavista.

A pesar de todo el rechazo que en la oposición engendra el autoritarismo de Chávez, hay relativamente poca discusión sobre sus causas. Implícitamente se asume que este autoritarismo se debe únicamente a la personalidad de Chávez – esencialmente, que es tan sólo una consecuencia de su exagerada sed de poder. Poco se discute si tiene otras causas – causas que puedan ser estructurales y estar relacionadas a nuestro modelo político o económico. En resumen, no se discute si la deriva autoritaria del gobierno pueda estar asociada a los objetivos y las responsabilidades que el gobierno ha asumido, con el consentimiento de buena parte de la población.

Esto es significativo porque si bien muchos han objetado el autoritarismo del gobierno, muy pocos han objetado a fondo los objetivos y responsabilidades que ha asumido – en buena medida porque son los mismos que los gobiernos pasados asumían, y porque esos objetivos y responsabilidades son vistos por la mayoría de la población como pertenecientes a la esfera de actividades propiamente gubernamentales. Del estado creemos que su responsabilidad es “crear la mayor suma de felicidad posible”, es decir, creemos que su deber es hacernos felices. Por tanto le exigimos, esencialmente, que resuelva todos los problemas de la sociedad: No sólo que nos ayude a defender nuestras vidas y propiedades, sino que nos dé educación, que nos cure de nuestras enfermedades, que nos provea de viviendas, y que logre la ‘justicia’ – no en el sentido tradicional de castigar a quien viole los derechos ajenos, sino en el sentido de lograr una ‘justa’ distribución de la riqueza, es decir, de velar porque cada quien reciba lo que ‘merece’.

Esta visión revela una gran falta de entendimiento de cómo funciona una sociedad libre. En una sociedad libre el poder (el estado) no puede ser responsable de la felicidad de los individuos. Por el contrario, la única responsabilidad del estado en relación a la felicidad de los individuos es facilitar ciertas condiciones que les permitan a esos individuos buscar su propia felicidad – esencialmente, garantizarles su vida, su libertad y el disfrute de su propiedad, así como proveer ciertos bienes que no son producidos por el mercado. Más allá de eso, en una sociedad libre la felicidad es un asunto estrictamente individual, y si bien todos tienen derecho a buscar la felicidad a su propio modo, nadie tiene garantizado que la encontrará. En este sentido, es significativo que la declaración de independencia del país más libre que haya existido en la historia, los EEUU, diga que entre los derechos inalienables del hombre se encuentran la “vida, libertad, y la búsqueda de la felicidad”, pero no la “vida, libertad y felicidad”.

No entender que la búsqueda de la felicidad es una responsabilidad individual frente a la cual el gobierno tiene esencialmente la única responsabilidad de impedir que otros violen tus derechos tiene consecuencias de gran alcance. Por ello no entendemos que una sociedad libre es una nomocracia (un imperio de normas) en donde todos tienen derecho de hacer lo que quieran siempre que no roben, defrauden o lesionen a otros. Por ello tampoco entendemos que en una sociedad libre todo el mundo puede ganar tanto dinero como se lo permitan sus clientes, dependiendo del valor para esos clientes de los bienes y/o servicios que producen, porque en esa sociedad nadie, ni siquiera un gobierno actuando en nombre de la ‘mayoría’ tiene autoridad alguna para decidir cuánto debe ganar cada quien.

Como pensamos que la felicidad debe ser creada por el poder del estado, pensamos que ese poder debe establecer el lugar de cada quien en la sociedad. En particular, pensamos que quien detenta el poder debe definir cuánto debe ganar cada quien con base en el mérito de esa persona. Por lo tanto nos parece natural que el estado regule precios y salarios, impida la entrada de competidores al mercado, expropie (es decir, robe) de manera más o menos arbitraria, y en general viole una serie de derechos que en las sociedades libres son vistos como inalienables. No nos pasa por la cabeza que la sola idea que alguien pueda definir cuanto debe ganar cada quien en la sociedad es una imposibilidad, pues nadie, ni los gobernantes, tienen método objetivo alguno para determinar cuál es la ‘justa’ división de la riqueza. Tampoco nos imaginamos que esta visión de la responsabilidad del gobierno pueda haber sido una de las causas de la degradación del sistema puntofijista, del ascenso de Chávez al poder, y que continúe siendo una de las causas de su deriva autoritaria.

La realidad es que un gobierno que tenga el poder suficiente para cumplir responsabilidades tan amplias como las arriba enumeradas, necesariamente tiene poder suficiente para esclavizarnos. En ciertas ocasiones, factores culturales e institucionales pueden impedir que el estado use ese poder de manera exageradamente abusiva. En el puntofijismo, si bien existieron abusos, los mismos se vieron parcialmente limitados por la competencia entre diferentes partidos políticos dentro de un ambiente de respeto a ciertas instituciones democráticas básicas. Pero la invasión paulatina por parte del estado puntofijista de ámbitos de acción que en una sociedad libre corresponden a los ciudadanos, incluyendo la reserva de amplios sectores de la economía para el estado, el establecimiento de barreras arbitrarias a la competencia, incluyendo controles de precios y salarios, acompañados por un continuo discurso de demonización del sector privado, convencieron a muchos que la solución a nuestros problemas no era un estado que garantizara el cumplimiento de normas justas e iguales para todos, sino que era un hombre fuerte que ‘metiese en cintura’ a todo el mundo – que lograse que todo el mundo recibiese lo que merece. Esa dinámica no sólo ayudó a Chávez a llegar al poder, sino que una vez en el poder, le permitió violar el estado de derecho de manera cada vez más escandalosa, con el aplauso de buena parte del país.

Si bien es enervante que existan en el chavismo muchas personas para quienes las violaciones de los derechos ajenos no tienen ninguna importancia, y que de hecho parecen no reconocer ni siquiera la existencia de derecho alguno que no sea el derecho del presidente a mandar, también resulta preocupante que dentro de la oposición, si bien hay una mayor conciencia de la importancia de los derechos individuales, no haya una clara conciencia de la relación entre las violaciones a esos derechos y el papel sobredimensionado del estado. Pareciera que por lo menos buena parte de la oposición quiere el poder no para limitarlo y hacerlo servir fines más modestos, sino para otorgar  a personas supuestamente más honestas y capacitadas que los actuales gobernantes poderes igual de ilimitados que los que hoy tiene el gobierno. Si esto llega a ocurrir, la libertad seguiría igual de amenazada, y sería una tragedia tan grande como la del actual gobierno chavista. Cualquier agenda que aspire a revertir el autoritarismo que Chávez ha inyectado en el país necesariamente tiene que pasar por delimitar claramente los objetivos, responsabilidades y atribuciones del estado.
Me pregunto si en algún momento tuvimos conciencia de que una sociedad sólo puede ser libre si todos, incluyendo al estado, se rigen únicamente por normas de justa conducta – normas como no robar, no matar, no mentir, que por algo son comunes a todas las grandes religiones del mundo, y si el estado deja a los individuos la búsqueda de su propia felicidad. Si alguna parte de nuestra sociedad entendía esto cuando comenzó nuestra democracia, es claro que décadas de prédica gubernamental de ‘justicia social’ destruyeron esos valores que son indispensables para el mantenimiento de una sociedad libre.

Sin embargo creo que lo más probable es que nunca hayamos tenido un verdadero concepto de lo que deben ser los papeles de los individuos y del estado (en ese orden) en una sociedad libre. Siempre, desde la colonia, fuimos una sociedad acostumbrada a un poder ejercido de manera arbitraria. Y en nuestras luchas políticas las facciones en pugna siempre han buscado, no limitar ese poder para hacerlo servirnos a todos, sino capturarlo para usarlo para su propio beneficio, perjudicando a los demás.

En el fondo somos como niños que esperan que su papá le dé a cada uno un juguete mejor que el del hermanito. No nos comportamos como adultos responsables: Como no confiamos en nuestras propias capacidades para labrarnos nuestro destino, delegamos esa responsabilidad en el poder, y esperamos que ese poder nos trate a nosotros mejor que al vecino. El resultado es una destrucción de los valores necesarios para que una sociedad progrese: En lugar de aspiraciones nos mueve la envidia y en lugar del trabajo, la queja. Por ello, sólo enfrentando seriamente las causas institucionales de la erosión de nuestros valores podremos aspirar a convertirnos en una sociedad próspera y libre.

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